Durante la pandemia creada por el nuevo coronavirus, hubo un momento en el cual no podías salir de casa para pasear, se catalogaba este hecho como un peligro, pero podías ir a trabajar o a consumir a un bar. Este hecho fue un claro ejemplo de que los sectores orientados al consumo o a la producción son "esenciales" a día de hoy para garantizar la estabilidad socioeconómica de este país.
Es bien sabido que al capitalismo le interesa mantener entretenidos y ocupados a sus productores. El ocio capitalista, el único que conocemos, diseñado para que el trabajador se olvide de todos los problemas que le genera el mismo sistema, sigue rigiendo nuestras vidas. Y uno de esos elementos que es sumamente beneficioso para el sistema debido al capital privado que genera y debido a su poder alienante es el juego.
Según los últimos datos, uno de los sectores que mayores beneficios ha obtenido durante la pandemia ha sido el mismo sector del juego (que casualidad), ya que se han disparado las ayudas públicas y medidas a favor del sector.
Aunque el Ministerio de Consumo prepara un endurecimiento de las limitaciones a la publicidad de las apuestas y los juegos de azar incluidas en la reforma legal que presentó en febrero, al menos seis comunidades autónomas han establecido medidas de apoyo. Andalucía, Cataluña, Región de Murcia, Islas Baleares y Extremadura han bonificado tasas al sector del juego, al igual que el Ayuntamiento de Madrid o la provincia de Bizkaia.
Bruno Cortés, psicólogo de la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata (APAL), ha mostrado su preocupación al respecto:
El negocio del juego supone un peligro para un importante porcentaje de la población. Esas ayudas no van a favor del grueso de la población. Me parece poco menos que terrorífico
A su juicio, el posible deterioro económico del sector no justifica la recepción de ayudas públicas. “El juego genera problemas sociales en muchas familias. Moralmente este tipo de ayudas no son aceptables”, señala.
El sector, que suma cerca de 160.000 máquinas recreativas en unos 130.000 establecimientos, se defiende recordándonos que hace una contribución de 1.124 millones de euros a las arcas autonómicas en impuestos y de 570 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social.
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fuente: eldiario.es